Una coalición de grupos de derechos civiles ha llegado a un acuerdo con el estado de Arizona en el cual se emiten reglas sobre cómo los oficiales deben imponer la ley estatal de inmigración del 2010.
Este acuerdo solucionó el último de siete problemas que se presentaba con SB 1070, la ley cual fue criticada por exigir que policías cuestionen el estado migratorio de las personas quienes son sospechosas de estar en el país ilegalmente.
Aunque la corte prohibió la ejecución de otras secciones de esta ley, la sección del interrogatorio sobre el estado migratorio sigue en pie a pesar de preocupaciones de racismo.
Las nuevas reglas impuestas para SB 1070 incluyen una en la cual oficiales deben documentar las razones por las cuales sospechan que una persona está en el país ilegalmente.
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